No son casos aislados. El Consejo de Europa señala que la corrupción es estructural

El GRECO es el Grupo de Estudios contra la Corrupción que supervisa el cumplimiento por parte de sus 49 estados miembros de los instrumentos contra la corrupción del Consejo de Europa. Sus informes periódicos muestran información relevante sobre las legislaciones y prácticas estatales en materia de corrupción. En su cuarta ronde de evaluación (Estrasburgo, 2 a 6 de diciembre de 2013) ha analizado el estado de la cuestión en nuestro país y ha emplazado a nuestro gobierno a tomar medidas urgentes para contener  el escandaloso número de casos de corrupción relacionados con prominentes figuras políticas, altos funcionarios y dirigentes empresariales.

Y no le falta razón pues en España tenemos imputados en las cúpulas de las organizaciones más relevantes de nuestro sistema institucional y socio-económico: monarquía, organizaciones empresariales, sindicatos, partidos políticos, ayuntamientos, diputaciones, comunidades autónomas, bancos y cajas de ahorro, etc. Los organismos reguladores han fallado de forma estrepitosa y también hemos asistido espectáculos bochornosos como el enchufismo en el tribunal de Cuentas. Hasta estamos asistiendo al escándalo de instituciones públicas que son gobernadas desde la cárcel, lugar en el que moran sus representantes.

El GRECO ha dado de plazo de España para que antes del 30 de junio de 2015 tome las siguientes medidas:

• Parlamento: elaborar un código de conducta a los parlamentarios accesible a los ciudadanos y les oriente en cuestiones éticas y de posibles conflictos de intereses; regular su relación con grupos de presión que traten de influir en el proceso legislativo; revisar los formularios de declaración de bienes que son un auténtico coladero de ocultaciones y un mayor control del entorno para evitar canalizar ingresos delictivos a través de testaferros.

• Jueces: cambiar la elección del órgano de gobierno de los jueces que limita su independencia, cambiar la elección de cargos de la judicatura para garantizar la imparcialidad, independencia y transparencia, elaborar un código de conducta para jueces y ampliar el plazo de prescripción para procedimientos disciplinarios evitando la inmunidad que provocan plazos tan cortos para instruir sus expedientes disciplinarios.

• Fiscales: cambiar la elección del Fiscal General del Estado, incrementar su transparencia, dotar de autonomía a la gestión de sus medios, establecer un código de conducta y garantizar un procedimiento disciplinario eficaz

A pesar de lo prudentes de las recomendaciones del organismo internacional del que formamos parte, no parece que nuestro gobierno haya tomado ninguna decisión al respecto ni se advierten señales de que ello vaya a producirse en un futuro cercano. Y ello  a pesar de que es evidente que la ciudadanía quiere medidas más radicales.

En esta oleada de indignación ciudadana muy poco se dice del aparato judicial. En nuestra opinión la corrupción sistémica que existe en España no sería posible sin el concurso de este poder del Estado. Carlos Lesmes, presidente del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Supremo viene a Valladolid a hablar de la justicia y su papel en la regeneración democrática. Nos gustaría, sin embargo, que hablara del papel que ha tenido la justicia en la corrupción. ¿Por qué no la ha evitado?.

Y una pregunta. Hay una denuncia contra Carlos Lesmes que se ha traspapelado cuatro veces en los vericuetos del Tribunal Supremo. ¿Es ese un síntoma de regeneración de la que nos va a hablar?.