Comunicado: “Atado y bien atado” también en Valladolid: de la ordenanza antisocial del PP a la mordaza del Ayuntamiento del cambio

Este martes los grupos municipales de la izquierda que gobiernan el Ayuntamiento aprobarán definitivamente, sin la oposición de la derecha, dar continuidad a la represión de las libertades que impuso De la Riva
"Este martes 6 de febrero los quince concejales que forman y apoyan el “Ayuntamiento del cambio” -PSOE, Toma la Palabra (IU+Equo) y Sí se Puede-, sin la oposición de PP y Ciudadanos y un concejal no adscrito, sacarán adelante en bloque la Ordenanza de Protección del Medio Urbano dando así continuidad a la represión de las libertades que impuso con la `ordenanza antisocial´ en 2004 el anterior alcalde del PP León De la Riva”. Así lo denuncian las doce organizaciones sociales, sindicales, políticas, ecologistas y juveniles que forman la Plataforma por las Libertades de Valladolid: Anticapitalistas, Ateneo Republicano, Bloque Obrero, CGT, CNT, Comunistas de Castilla, Ecologistas en Acción, Izquierda Castellana, Parados en Movimiento, Partido SAIN, Red Roja y Yesca.

“Al contrario de lo sostenido por la propaganda municipal, el análisis comparativo y objetivo de la “ordenanza antisocial” del PP y sus cambios posteriores (Ordenanza para la protección de la convivencia y la prevención de conductas antisociales) y de la “nueva ordenanza mordaza” (Ordenanza de Protección del Medio Urbano) revela con claridad la continuidad en el espíritu y la letra de esta norma represora”, afirma la Plataforma por las Libertades basándose en el completo estudio de ambas ordenanzas que puede consultarse en la Plataforma Ciudadana en Defensa de las Libertades de Valladolid

Para estas organizaciones, “la llegada de la izquierda al gobierno municipal en 2015 estuvo motivada, entre otras razones como la ahora enjuiciada corrupción y la mala gestión, por el descontento social debido a la represión que caracterizó los largos veinte años de los gobiernos de De la Riva. Con la llegada de un equipo municipal progresista, la expectativa de una efectiva “transición municipal” tenía como piedra de toque la derogación de la “ordenanza antisocial” que hasta entonces concitó una unánime oposición política y social”.

“Sin embargo, del aparente firme compromiso de PSOE, Toma la Palabra y Sí se Puede de derogar esta norma se pasó a los titubeos y las malas excusas en 2016, para finalmente proponer en 2017 una “nueva ordenanza” con un mero cambio de nombre y estilo. Introducían mejoras propias de otras normas municipales y retiraban sus aspectos más aberrantes, introducidos en ampliaciones posteriores, como la prohibición de la mendicidad o la desnudez, ambas regulaciones imposibles de mantener después de las sentencias en contra del TSJ”, recuerda la Plataforma por las Libertades, señalando asimismo que “la nueva norma no solo mantiene completo el resto del catálogo de conductas prohibidas que afectan a la actividad social en los espacios públicos así como las sanciones desproporcionadas existentes desde 2004 para todo tipo de conductas que iban desde la leve de hasta 600 euros hasta la muy grave de 3.000, sino que también ha introducido un procedimiento autorizador y sancionador aún más regresivo”.

“La “ordenanza mordaza” que se aprobará definitivamente este martes mantiene el artículo 5, cajón de sastre que prohíbe “cualquier actuación, actividad o manipulación que ensucie, degrade o menoscabe la estética y el normal uso y destino” de prácticamente cualquiera de los innumerables elementos urbanos o municipales recogidos en el artículo 2, actuaciones, actividades o manipulaciones detallados en los artículos 6 a 20. Toda conducta contemplada en la ordenanza será sancionada como mínimo como falta leve sancionada con hasta 600 euros”, señalan las organizaciones que forman la Plataforma por las Libertades.

“La `ordenanza mordaza´ sigue condicionando o prohibiendo como en 2004 los derechos constitucionales de reunión, expresión e información al equiparar su ejercicio con las actuaciones, actividades o manipulaciones sancionables administrativamente, además sin la debida tutela judicial (art. 37), derechos cuya regulación debería estar reservada solo a las leyes orgánicas”, asegura la Plataforma por las Libertades, dando numerosos ejemplos de este ejercicio como las concentraciones, manifestaciones, sentadas, ocupaciones de la calle o de dependencias (arts. 14, 18, 19); las pancartas, carteles (lo prueba que se prevén paneles para colocar carteles, art. 7.4), folletos en determinados casos y pegatinas (arts. 5, 7, 10.1, 12.2, 12.4); los murales, pintadas y grafismos (art. 6), y las conductas que perturben la convivencia ciudadana derivada de permanencias en plazas y calles (art. 18.h.1, 19.i, 23.h.1, 24.i), reintroducida en contra de sentencias judiciales”. “La nueva ordenanza mantiene la mendicidad hacia conductores (art. 12.2); exorbitadas responsabilidades de los organizadores de actos (arts. 9, 12, 14, 23.3) y de los responsables de menores (art. 23.4), también reintroducidas en contra de sentencias judiciales; la censura previa de murales (art. 6.2); la arbitrariedad para agravar las sanciones (art. 24); la compensación de multas pero no con trabajos municipales como hasta ahora sino para asociaciones privadas (art. 26); el pronto pago de multas desistiendo de acciones judiciales y reconociendo conductas quizás no cometidas, inseguridad jurídica y posible persecución por otras administraciones, jueces y tribunales (arts. 3.2, 27, Disposición adicional 1), y la inaplicación de la nueva norma más favorable (Disposición transitoria 3)”.

Los partidos del Ayuntamiento del cambio parecen desconocer, incluso compartir y defender, la lógica represiva del dispositivo estatal del que forman parte las eufemísticas ordenanzas municipales cívicas, de convivencia o ahora “del medio urbano”, que se articulan y completan con la “Ley Mordaza”, el Código penal y otras normas e instituciones represivas. Esta claudicación de PSOE, Toma la Palabra y Sí se puede es aún más grave al darse en un creciente contexto estatal de agresiones y violencia, altísimas multas y penas de prisión fruto de la represión administrativa, policial y judicial de cualquier conducta que denuncie el orden social establecido.

“La nueva “ordenanza mordaza”, como la “antisocial” anterior, no se justifica porque en Valladolid haya algún problema de convivencia o “deterioro” del espacio público, sino porque entre multitud de artículos que deberían estar en otras ordenanzas sigue camuflándose como “protección de la tranquilidad y la convivencia ciudadanas” la represión de la lucha social y del descontento de las clases populares por el paro, los desahucios, la violencia de género, la explotación laboral o la destrucción del medio ambiente”, denuncian las organizaciones vallisoletanas.

Asimismo, señalan que esta nueva ordenanza establece un concepto de la vida pública vigilada, equiparando el ejercicio de derechos fundamentales con conductas que atentan contra “el medio urbano”, sembrando la sospecha permanente de que la ciudadanía tiende a la delincuencia de forma que con la “ordenanza mordaza” que se aprobará el martes, PSOE, Toma la Palabra y Sí se Puede hacen suya esta estrategia represiva y refuerzan esa reaccionaria concepción de una ciudad cerrada al libre encuentro de sus habitantes y al libre intercambio de ideas y prácticas democráticas. Ante esto, la Plataforma por las Libertades de Valladolid renueva su compromiso en la organización y lucha en la defensa de las libertades ciudadanas frente a toda represión y frente al miedo, como lo viene haciendo desde 2004.

Nota:

Este martes 6 de febrero de 2018 nos concentraremos durante el Pleno municipal donde se aprobará definitivamente la Ordenanza Mordaza. A las 12 horas en la Plaza de la Rinconada (detrás del Ayuntamiento).