La considera arbitraria, incompetente en parte de su articulado y sostiene que con ella se persiguen "ideas, pensamientos y opiniones"
La Plataforma Ciudadana en Defensa de las Libertades de Valladolid anunciará mañana miércoles ante la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia, con sede en la capital, un recurso jurisdiccional contra la Ordenanza de Protección de la Convivencia Ciudadana y Prevención de actividades Antisociales por considerar que con ella el alcalde y su equipo municipal de gobierno no pretenden otra cosa que perseguir y limitar la "difusión de ideas, pensamientos y opiniones".
El recurso será anunciado por la letrada Carmen López en nombre de la plataforma, integrada por veintisiete colectivos, quince de los cuales, que son los que cuenta con personalidad jurídica, han estampado su rúbrica en el mismo con el propósito de que, tal y como ha explicado el portavoz de la agrupación, Israel Álvarez, el TSJCyL anule o, al menos, reconduzca una decena de los 31 artículos que conforman también conocida como 'Ordenanza Antisocial', con la que se hace un "totum revolutum con la intención de apartar de la legalidad las manifestaciones políticas degradándolas a la categoría de incívicas".
Así, Álvarez, en declaraciones recogidas por Europa Press, ha criticado que la polémica ordenanza, publicada el 31 de marzo en el Boletín Oficial de la Provincia y por ello en vigor desde hace casi dos meses, reformula artículos de otra anterior aprobada en 2004 y que fueron anulados por el TSJCyL en 2006.
"Sin embargo, el Ayuntamiento ha seguido aplicándolos de forma arbitraria y discreccional y ahora, con esta nueva regulación, pretende reimplantarlos", ha censurado el portavoz de la plataforma, quien ha precisado que dicho articulado recurrido limita derechos de reunión y manifestación, la libertad deambulatoria, el derecho al honor y a la propia imagen o el derecho a la libertad de expresión e información a través de la regulación que en la ordenanza se hace de, por ejemplo, la mendicidad, el aspecto personal y el de los edificios, las manifestaciones ciudadanas o la difusión de ideas y pensamientos, algo para lo que, según entiende, carece de competencia.
No se puede esconder la mendicidad
En concreto, Álvarez ha centrado sus críticas en el artículo 7 sobre carteles y adhesivos, en el que "se mezclan la difusión de ideas y la publicidad comercial", así como en la inconcreción que afectan a otros como el relativo al uso de jardines y parques, el 16 sobre desnudo, el 17 sobre ornato de edificios o el que 15 que persigue la mendicidad, capítulo este último en el que ha advertido de que "a estas personas ya no es posible esconderlas bajo la alfombra y en algún sitio tendrán que estar".
En este sentido, el representante de la plataforma entiende que si el problema de la mendicidad es la existencia de mafias en Valladolid "lo que tiene que hacer el alcalde es ponerlo en conocimiento de la policía".
La ordenanza, que contempla multas de entre 750 y 3.000 euros, ha sido también recurrida por la Federación Española de Naturismo, que ha solicitado al TSJCyL la suspensión cautelar de la misma, algo que la Plataforma en Defensa de las Libertades de Valladolid no va a pedir "porque parece harto improbable que se pueda conseguir", ha reconocido Álvarez.
En sus casi dos primeros meses de vigencia, la plataforma ha sido ya objeto de varias sanciones, que han sido recurridas, por repartir publicidad y pegar carteles anunciando movilizaciones.
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