La emisión de
un informe jurídico, favorable a la anulación de las dos sanciones impuestas a
militantes del Partido SAIn con ocasión del reparto de octavillas en la huelga
general de marzo de 2012, ha forzado al Concejal de Seguridad a declarar la
nulidad de dichas sanciones.
Esta anulación se produce apenas
un mes antes del primero de los dos juicios señalados, fruto de los recursos
contencioso administrativos interpuestos por los militantes del Partido SAIn
contra esas multas. Después de agotar la vía administrativa, los militantes se
vieron obligados a recurrir las dos sanciones de 60 euros impuestas por el
ayuntamiento ante los tribunales.
La más que previsible derrota
judicial en los tribunales ha llevado a que el Ayuntamiento reconsidere su
actuación y proceda a anular las sanciones ya que la base jurídica para las
mismas era insostenible y una nueva sentencia contraria al Ayuntamiento en
materia de derechos fundamentales podría haber sido demoledora. Conviene
recordar en este sentido, que el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y
León ya advirtió al Ayuntamiento ante las repetidas violaciones cometidas por
éste en materia de derechos fundamentales, y que además ha supuesto que el
Ayuntamiento haya tenido que indemnizar con varios miles de euros a los
afectados por esas violaciones.
El Ayuntamiento ha anulado de
oficio estas sanciones en el último momento, a pesar de que podía haberlo hecho
a lo largo del procedimiento administrativo ante las alegaciones de los
sancionados. Esto confirma la postura sostenida por la Plataforma por la
Defensa de las Libertades de Valladolid que ha recurrido ante el TSJ la nueva
ordenanza antisocial del Ayuntamiento por vulneración de derechos fundamentales
en algunos de sus artículos.
La interposición del recurso
judicial obligó a los militantes al pago de 200 euros cada uno en concepto de
tasa judicial. El abogado del Partido SAIn solicitará en breve la devolución de
dicha tasa por la anulación de las sanciones que hacen innecesario el juicio.
Muchos ciudadanos colaboraron desinteresada y anónimamente para pagar la tasa
imprescindible para poder recurrir a los tribunales. Ante la imposibilidad de
devolver cada una de las pequeñas aportaciones económicas realizadas, éstas se
destinarán a actividades solidarias.
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