Cara y cruz de los presupuestos participativos

Hace unas semanas concluyó el proceso de los presupuestos participativos en la ciudad de Valladolid. Al margen de los resultados de los proyectos aprobados, merece la pena echar un vistazo crítico al proceso en sí, a sus objetivos y los métodos desarrollados para conseguirlos.

Partimos de una situación social de cierta desafección a la política. A finales de 2016, el 64 % de los españoles estaba en desacuerdo con la frase “Mi voz cuenta en mi país”. Comparativamente con los países de nuestro entorno es un porcentaje elevado de ciudadanos los que tiene la percepción de que no son tenidos en cuenta a la hora de las decisiones políticas, que sus inquietudes, preocupaciones o intereses no están representados en el debate público.

Los estudios avalan la vinculación entre esa sensación de falta de eficacia política y las características socioeconómicas de las personas. Los parados, los que tienen menos estudios, los que viven en barrios más empobrecidos, los jubilados con bajas pensiones… en general se sienten más alejados de la capacidad de influencia política. Esto se constata claramente cuando consideramos el voto como un indicador de participación política. En ese caso observamos que los barrios más empobrecidos de la ciudad son también los que muestran un mayor índice de abstención en las distintas elecciones que se celebran. Aunque hay que reconocer que en todas las clases sociales existe un grupo de personas que no se siente representada en la política, este porcentaje es mayor entre las clases bajas.

Los presupuestos participativos pretenden acercar una parte de la decisión de qué inversiones realizará el ayuntamiento de Valladolid en cada zona de la ciudad a los ciudadanos que viven, trabajan o desarrollan su actividad diaria en esa zona. Para ello los ciudadanos podemos aportar propuestas de inversiones, participamos en la selección de las mismas y decidimos finalmente sobre ellas.

Este proceso pretende promover la participación política de los ciudadanos desde la posibilidad de que su voz pueda influir en esas decisiones. Se agradece el esfuerzo de la administración municipal por acercar a la ciudadanía algunas decisiones sobre el futuro de la ciudad. Un objetivo loable sin duda. Este esfuerzo es la “cara” de los presupuestos participativos.

Pero si este es el principal objetivo, para conseguirlo habrá que tener en cuenta que no se puede tratar por igual a realidades que son muy diferentes. Sin embargo el proceso no hace diferencia ninguna entre sectores de población con alto índice de participación y sectores de bajo índice de participación, ni entre unos barrios y otros.  No se trata de proporcionar más dinero a las zonas de la ciudad más empobrecida, cosa que se puede hacer desde el resto del presupuesto municipal, sino de propiciar una metodología diferente a las zonas en las que, por las características socioeconómicas de su población, necesitan un mayor apoyo de la administración municipal para participar en los presupuestos. De no hacerse este esfuerzo, se corre el riesgo de que estos procesos de participación incrementen la diferencia entre aquellos que ya sienten que su voz es tenida en cuenta y los que sienten que no.

Hay que tener en cuenta que los ciudadanos percibimos con facilidad las dificultades que tiene nuestra zona: una calle por la que mucha gente cruza sin paso de peatones, unas aceras demasiado estrechas, ausencia de lugares como bancos en los que descansar… Y esto lo hacemos por igual independientemente del nivel socioeconómico. Pero la capacidad de generar propuestas viables técnica y económicamente es menor en aquellos sectores con menos estudios, con menos confianza en su capacidad de influir, con salarios más bajos… 

Dada la complejidad de la legislación y las dificultades legales y burocráticas, no es fácil que un ciudadano haga una propuesta técnica que sea realizable y resuelva el problema planteado. Pero esta dificultad aumenta en las zonas empobrecidas.  La dinámica de los presupuestos pide que se realicen propuestas que pueden ser desechadas por motivos técnicos (por ejemplo, la dimensión mínima de una rotonda o el flujo de tránsito rodado en una calle) o económicos. Pero, más interesante que la valoración técnica de las propuestas presentadas, sería identificar la problemática que señala el ciudadano y, junto con él, tratar de elaborar una propuesta válida técnicamente. Esto, sin duda, requiere una colaboración más estrecha entre los técnicos de la administración municipal y los ciudadanos, pero si la experiencia de participación resulta negativa, el resultado es que la desafección política es aún mayor.

Diego Velicia