Hace unos días, el alcalde de Valladolid se mostraba partidario de regular el derecho de manifestación, en la misma línea que la delegada del gobierno en Madrid. Supongo que cuando hablan de regular el derecho de manifestación no se refieren a flexibilizarlo sino a endurecer las condiciones actualmente existentes.
Que el alcalde de Valladolid quiera regular el derecho de reunión no es nuevo. Ya lo ha intentado "regular" este derecho por las bravas, enviando a la policía municipal varias veces y ha obtenido sonoras respuestas judiciales en su contra. Quizá haya pensado que si puede hacerlo a base de decreto se ahorraría sentencias condenatorias.
En Valladolid en lo que va de año se han celebrado 425 manifestaciones en los seis primeros meses del año. Unas 15 a la semana. Se queja el subdelegado del gobierno en Valladolid de que en 176 manifestaciones se reunieron menos de 20 personas. Según la legislación en esas circunstancias no es necesario comunicar la concentración a la subdelegación, con lo cual las organizaciones que comunican aún previendo un número menor de asistentes en realidad hacen un favor a la autoridad.
Dice el subdelegado que "cuando la Policía va es para garantizar que se pueda disfrutar del derecho de reunión que solicitan los convocantes". Eso no es verdad y lo sabe. La subdelegación del gobierno en Valladolid fue condenada hace unos meses por no haber defendido el derecho de reunión de una organización, el Movimiento Cultural Cristiano, en un acto previamente comunicado.
Es de agradecer el interés de la subdelegación del gobierno por proteger dicho derecho, pero probablemente con que no lo entorpezcan sería suficiente.
Diego Velicia
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